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La delegación estuvo integrada por el presidente José de Jesús Orozco Henríquez; la primera vicepresidenta Tracy Robinson; la segunda vicepresidenta Rosa María Ortiz; y los miembros Dinah Shelton, Felipe González y Rose Marie Antoine, así como el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza; la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abí-Mershed; la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, y personal de la Secretaría Ejecutiva. Durante la visita, diversas delegaciones de la CIDH visitaron las provincias de Bahoruco, Dajabón, Jimaní, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y Valverde. La CIDH sostuvo reuniones con autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos humanos y representantes de agencias internacionales.
La Comisión agradece al presidente Danilo Medina, su Gobierno y al pueblo dominicano todas las facilidades brindadas para la realización de esta visita. En particular, la CIDH valora y agradece el apoyo de las autoridades del Gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil. Muy especialmente, la Comisión valora y agradece a las 3,994 personas que se acercaron a presentar testimonios, denuncias y comunicaciones.
A través de la visita, la CIDH ha podido valorar diversos avances en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos. En especial, la Comisión valora y saluda como un avance muy positivo la incorporación directa al derecho interno, con rango constitucional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y todos los compromisos internacionales adoptados por el Estado en la materia, a través de la reforma de la Constitución de 2010.
La Comisión Interamericana recibió durante la visita información preocupante sobre graves vulneraciones al derecho a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad ante la ley, y a la no discriminación. Las violaciones al derecho a la nacionalidad, que la Comisión había observado en su última visita in loco, realizada en 1997, continúan, y la situación se ha agravado debido a la sentencia TC-0168-2013 del Tribunal Constitucional.
Como consecuencia de la sentencia, un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos y dominicanas, que diversas fuentes estiman en más de 200 mil personas, han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad como consecuencia de esta sentencia. Como resultado, estas personas han visto violado su derecho a la personería jurídica, y viven sumidos en una condición de extrema vulnerabilidad. Esta situación afecta en forma desproporcionada a las personas de ascendencia haitiana, quienes son también personas afrodescendientes y frecuentemente identificados sobre la base del color de su piel, constituyendo una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación.
La Comisión estima que la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a la personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.
La privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de estas personas como resultado de no estar registrados o de las dificultades en el acceso a los documentos de identidad genera una situación de extrema vulnerabilidad en la cual se producen violaciones a otros múltiples derechos humanos. La Comisión observa que la sentencia 168-13 afecta desproporcionadamente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza. La CIDH visitó varios bateyes en diversos puntos del país y constató las condiciones de pobreza, expulsión y discriminación bajo las cuales viven sus habitantes. La pobreza afecta desproporcionadamente a las personas de ascendencia haitiana, y esto guarda relación con los obstáculos que enfrentan en el acceso a sus documentos de identidad.
En otro orden, la Comisión Interamericana recibió información profundamente preocupante acerca de expresiones contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos, legisladores, defensores de los derechos humanos, figuras públicas e incluso servidores públicos de alto nivel que han criticado la sentencia del Tribunal Constitucional. Estas personas han sido calificadas como “traidores a la patria”, han sido objeto de amenazas y se ha llamado públicamente a dar “muerte a los traidores”. La Comisión también expresa su preocupación de que la intolerancia y el discurso racista creen un ambiente que incremente la vulnerabilidad frente a la violencia de las personas de descendencia haitiana. La Comisión hace un llamado a las autoridades a contribuir decididamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin medio a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello.
La Comisión Interamericana realizó la visita que concluye hoy (ayer viernes 6 de diciembre) con el fin de analizar de primera mano la situación de las personas afectadas por la sentencia 168-13 a la luz de los estándares del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. De acuerdo con su práctica, la Comisión comparte hoy (ayer viernes 6 de diciembre) sus observaciones preliminares sobre la situación con base en la visita realizada, y expresa su voluntad de colaborar con el Estado en la búsqueda de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo expresaron a la Comisión Interamericana que reconocen la existencia de un problema respecto del ejercicio del derecho a la nacionalidad por parte de personas de ascendencia haitiana, y conscientes de la necesidad de encontrar una solución. En este sentido, y con el espíritu de colaborar en la búsqueda de una solución respetuosa de los derechos humanos, la Comisión destaca que las medidas que se adopten para responder a los desafíos identificados en cuanto al derecho a la nacionalidad, en particular los evidenciados por sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, deberían tener las siguientes características:
1) Debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.
2) No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquellas desnaturalizadas bajo la sentencia 168-13, se restringen como extranjeros como requisito para el desconocimiento de sus derechos.
3) Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria.
4) Los mecanismos deben ser accesibles en términos económicos.
Finalmente, la Comisión destaca que toda persona tiene el derecho de contar con la protección y las garantías judiciales, en forma accesible y eficaz, para salvaguardar los derechos a la nacionalidad, identidad, igualdad y no discriminación, que forman el enfoque principal de la presente visita.
Este comunicado tiene un anexo, consistente en las Observaciones Preliminares de la CIDH sobre la visita.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen o residencia. No.97-13
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